Debate en el congreso a 10 años del Fallo Arriola

Por Octavio Gallo

Fotos de archivo
Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de usuaries y especialistas de distintas disciplinas se reunieron ayer en el Senado de la Nación para conmemorar los 10 años del fallo Arriola y realizar un debate público para cuestionar el paradigma prohibicionista que impera en nuestro país en materia de drogas. La campaña “A 10 años de Arriola” está organizada por 23 organizaciones nacionales y extranjeras: Revista THC, Mamá Cultiva, RESET, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) y Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), entre otras. Además, fueron convocados más de 50 especialistas de diferentes disciplinas que abordaron, desde una perspectiva en derechos humanos, la problemática en torno a la política de drogas en nuestro país. Disertaron, entre otres, Norita Cortiñas (referente de Madres de Plaza de Mayo), Eugenio Zaffaroni (juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Georgina Orellano (Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), Sebastián Basalo (director de la Revista THC) y los periodistas Emilio Ruchansky y Fernando Soriano.
Este debate público se realiza en la semana en la que se cumplirán 10 años del “Fallo Arriola”. En la sentencia, dictada el 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de las penas por tenencia para uso personal, remitiéndose al artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. En ese fallo, la Corte Suprema realizó un salto de lo particular a lo general e hizo una crítica al sistema prohibicionista, argumentando que las políticas basadas en la criminalización habían fracasado, ya que ninguno de los objetivos invocados cuando se sancionó la Ley Penal de Estupefacientes N° 23.737 habían sido alcanzados: tanto los niveles de consumo como los niveles de tráfico de drogas ilegales aumentaron.


De acuerdo a los números publicados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), sólo el 3% de las causas por drogas investiga al contrabando, mientras que el consumo personal es el más perseguido, configurando el 38% de las causas iniciadas en el país por infracción a la Ley de Estupefacientes. La prohibición no ha logrado combatir de manera eficaz el crimen organizado; por el contrario, ha facilitado la corrupción en las más altas esferas de poder político y policial. A través de la Ley N° 23.737, El Estado y su pata represiva han descargado su violencia contra los sectores más vulnerables de la población: detenciones arbitrarias, operativos de saturación policial en barrios populares, aumento de las penas, uso abusivo de la prisión preventiva, aumento de las facultades policiales de detención. En otras palabras, el paradigma prohibicionista ha permitido consolidar negocios millonarios en las altas esferas de poder, y, al mismo tiempo, ha servido de excusa para militarizar los barrios populares y llenar las cárceles del país de pibxs empobrecidxs.

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El documento firmado por las organizaciones que promueven la campaña afirma que “alrededor de 25 proyectos de ley, de las más diversas bancadas políticas, se han presentado desde el Fallo Arriola a la actualidad con el objetivo de despenalizar conductas asociadas al consumo, como lo son la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis. Ninguno prosperó. Durante estos 10 años, ni siquiera se trató el tema en las Cámaras del Congreso Nacional. El presupuesto destinado a criminalizar a las personas sigue siendo absolutamente desproporcionado en comparación con los recursos destinados a la prevención y el tratamiento de las adicciones”. Otros cuestionamientos al Estado van en la misma línea: se señala que “el Poder Ejecutivo sigue sin reglamentar la ley de Abordaje de los Consumos Problemáticos, luego de cinco años de vigencia. No hay políticas de reducción de riesgos y daños, por más que ello sea exigido por la Ley de Salud Mental y la Ley IACOP. […] No existen campañas públicas masivamente difundidas que brinden información clara, completa, científicamente fundada y actualizada sobre los efectos físicos y psíquicos, riesgos, contraindicaciones e interacción de sustancias psicoactivas legales o ilegales”. También hace referencia a las desigualdades en materia de género: “los delitos no violentos relacionados con drogas como el microtráfico- son la primera causa de detención de mujeres en Argentina. 60% de ellas se encuentran en prisión preventiva, sin comprobarse aún su culpabilidad. […] Respecto de la población de mujeres trans y travestis detenidas en cárceles federales, el 70% está por venta minorista en un contexto de violencia policial, discriminación y falta de oportunidades laborales que las aparten de los mercados ilegales y economías de subsistencia.” Finalmente, cuestiona la Ley de Uso Medicinal del Cannabis n° 27350, ya que “desatendió el principal reclamo de madres, familiares y pacientes: el acceso democrático a la sustancia, incluyendo al autocultivo. La criminalización se mantuvo y las personas que cultivan cannabis siguen amenazadas por el sistema penal con penas de cuatro a quince años de prisión.
Finalmente, el documento plantea una serie de exigencias concretas: “despenalizar las conductas asociadas al consumo, como la tenencia, el consumo ostentoso y el autocultivo; regular las sustancias actualmente prohibidas, comenzando estratégicamente por el cannabis; establecer políticas educativas, preventivas y campañas de difusión con basamento científico; reglamentar y ejecutar políticas de reducción de daños conforme lo demanda nuestra legislación nacional; derogar las medidas compulsivas de tratamiento contenidas en la ley penal y poner en plena vigencia el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y Adicciones; reglamentar la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, desarrollando una política pública sanitaria que atienda los mismos; balancear el presupuesto asignado a la represión, en favor de aquellos abordajes que tiendan a la educación, prevención y tratamiento de las adicciones; ejercer un control institucional de los establecimientos públicos y privados que se abocan a la asistencia y tratamiento de consumos problemáticos de sustancias, velando a que se atengan al respeto de los derechos humanos y la normativa vigente; establecer alternativas al encarcelamiento y disminución de mínimos legales para delitos no violentos relacionados a las drogas, desde un enfoque con perspectiva de género; y garantizar el acceso a las sustancias actualmente fiscalizadas para las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor.”

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